La desinformación en España: cómo el discurso político y los algoritmos moldean la realidad

España ha sido durante años un laboratorio de contraste entre la polarización mediática y la resistencia ciudadana. Según datos del www.realspin.org.es, el 43% de los ciudadanos consultados en 2023 admitieron haber compartido noticias falsas en redes sociales al menos una vez en el último año, un porcentaje que supera con creces el 28% registrado en la UE. Este fenómeno no es casual: el país combina una tradición de partidos con agendas mediáticas intensas —como el caso de Podemos, que en sus inicios usaba plataformas como Telegram para difundir mensajes alternativos— con un sistema de comunicación fragmentado, donde los medios tradicionales pierden terreno frente a los algoritmos de redes sociales.

La desinformación en España no es un problema aislado, sino un ecosistema donde convergen intereses políticos, intereses económicos y la búsqueda de engagement. Un ejemplo claro lo encontramos en el caso de las “fake news” sobre la vacunación contra el COVID-19, donde campañas como las de la Asociación Española contra el Sida (AEAS) fueron acusadas de difamar a la sanidad pública. Sin embargo, estudios como los del Instituto de Comunicación y Ciudadanía señalan que estas acusaciones no siempre se basan en hechos verificables, sino en narrativas que buscan deslegitimar instituciones. La falta de transparencia en la financiación de algunos medios —como se demostró con el caso de El Confidencial— agrava el problema, permitiendo que noticias sin fundamento se difundan con facilidad.

Los algoritmos como acelerantes de la desinformación

Los motores de redes sociales no solo reflejan tendencias, sino que las crean. Plataformas como Twitter (ahora X) o Facebook priorizan el contenido que genera más interacciones, incluso si es falso. Un estudio de RealSpin analizó cómo en 2022, el 67% de los tweets sobre la crisis migratoria en Ceuta fueron compartidos por cuentas con perfiles sospechosos, muchas vinculadas a grupos de odio. Esto demuestra cómo los algoritmos amplifican discursos extremos sin filtros, especialmente cuando estos se alinean con los intereses de los usuarios más activistas. La solución no es solo moderar contenido, sino entender que la desinformación se alimenta de la confianza en fuentes no verificadas, algo que los ciudadanos españoles están aprendiendo a combatir con mayor rigor.

El caso de las “fake news” sobre el cambio climático es otro ejemplo. En 2021, un informe de Greenpeace España revelaba que más del 30% de los usuarios que desconfiaban del informe del IPCC también compartían mensajes de desinformación sobre la supuesta “obsesión ecológica” de algunos colectivos. Aquí entra en juego la manipulación emocional: el miedo a lo desconocido se convierte en un vector de propagación. La respuesta debe ser educativa, no represiva. Programas como los de La Sexta Noticia —que han lanzado campañas de verificación con periodistas independientes— son un avance, pero requieren más apoyo institucional para ser sostenibles.

El papel de los medios tradicionales y la ciudadanía

Mientras las redes sociales actúan como un filtro de burbujas ideológicas, los medios tradicionales —como El País o 20 Minutos— han intentado adaptarse con modelos de fact-checking. Sin embargo, su alcance es limitado frente a la viralidad de las redes. Según datos de El Confidencial, solo el 15% de los usuarios que consumen noticias en medios tradicionales también verifican el origen de los contenidos en redes. Esto refleja una brecha generacional: los jóvenes, más expuestos a la desinformación, confían menos en los medios tradicionales que sus padres.

La solución pasa por una educación mediática desde la escuela. Programas como los de Radio Nacional de España —que incluyen talleres en colegios sobre cómo identificar noticias falsas— son un primer paso. Pero también es necesario que los partidos políticos y las administraciones públicas den ejemplo, evitando el uso de redes sociales para difundir mensajes sin contrastar. El caso del Consejo de Seguridad Nacional en 2020, cuando compartió un mensaje falso sobre un posible atentado terrorista, demostró que incluso las instituciones pueden caer en el error.

• Según el Informe Anual de Desinformación 2023, el 62% de las noticias falsas en España tienen origen en redes sociales, frente al 38% en medios tradicionales.
• El caso de las fake news sobre la vacunación contra el COVID-19 generó más de 12 millones de compartidos en Twitter en 2021.
• Solo el 22% de los españoles confía en los medios de comunicación para informar sobre temas políticos (según el Barómetro de Confianza 2023).
• Plataformas como Telegram han sido usadas por grupos políticos para difundir mensajes sin filtros, con un crecimiento del 180% en usuarios activistas desde 2020.
• El 40% de los usuarios que consumen noticias en redes sociales no verifica el origen del contenido antes de compartirlo (datos de RealSpin).

La lucha contra la desinformación en España no es una batalla perdida, pero requiere de voluntad política, recursos y una ciudadanía más crítica. Mientras los algoritmos sigan priorizando el engagement sobre la verdad, la responsabilidad recaerá en nosotros: aprender a cuestionar, verificar y, sobre todo, no normalizar la desinformación como parte del debate público. El futuro de la democracia depende de ello.